Prevención violencias mujeres andinas

KALLPAY WARMI. Fortaleciendo la lucha contra las violencias de género y la defensa de la democracia desde la acción de mujeres andinas (Perú)

• Entidades consorciadas: Fundación InteRed y Fundación Madre Coraje.
• Organizaciones socias locales: Movimiento Manuela Ramos y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
• Financia: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
• Subvención concedida: 1.000.000 €. La Fundación InteRed ejecuta 475.042 €
• Fechas: 15-02-2025 a 14-02-2027
• Población beneficiaria: 120 varones jóvenes, 120 mujeres jóvenes, 180 lideresas, 320 autoridades mujeres.

Este proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene como objetivo general contribuir al cumplimiento efectivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 y 16 en sociedades andinas de Puno y Huancavelica, esto implica la construcción de una sociedad en la que se garantice la justicia de género y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de las mujeres de origen quechua, aymara y uro en ambas regiones. 

El objetivo específico es fortalecer la participación activa de las mujeres andinas, así como de las instituciones públicas y la ciudadanía, en la lucha contra la violencia de género (VdG) frente al retroceso de los derechos. Para ello, se busca fortalecer la participación de mujeres quechuas, aymaras y uros en toda su diversidad, tanto a nivel de base, comunitario como regional, promoviendo su involucramiento en la implementación de políticas públicas y marcos integrales de protección y atención frente a la VdG. Esto se realiza en un contexto de creciente retroceso democrático y de vulneración de los Derechos Humanos, con el fin de garantizar una respuesta más efectiva y sostenible. 

El trabajo se centra en dos metas ODS 5: la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas (5.2), fortaleciendo la capacidad del Estado para atender y responder eficazmente a la violencia de género (VdG). Además, busca que las instituciones públicas y privadas desarrollen e implementen protocolos y prácticas que promuevan la igualdad de género y que fomenten la prevención, atención, protección y recuperación frente a la VdG, especialmente en los ámbitos rurales andinos. Asimismo, pretende garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres, promoviendo la igualdad de oportunidades en liderazgo y en la toma de decisiones en los ámbitos político, económico y social (5.5). Para ello, se trabaja en sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos, fortaleciendo su capacidad de reclamarlos y ejercer influencia en espacios públicos y privados, así como en impulsar iniciativas colectivas de incidencia y acción directa que contribuyan a una vida libre de violencia de género. 

Otro de los objetivos centrales es implementar políticas públicas que amplíen y recuperen los Derechos de las mujeres, promoviendo que los gobiernos respalden propuestas impulsadas desde los espacios de concertación para contrarrestar la VdG y responder a las secuelas de las crisis política, económica, social y climática. En este sentido, el proyecto se alinea también con el ODS 16: que busca promover la paz, la justicia y la construcción de instituciones sólidas, y su meta 16.3: fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia. La propuesta contempla servicios de defensa legal para asegurar que las víctimas, sobrevivientes y defensoras de derechos puedan acceder a la justicia, incluyendo una línea de litigio estratégico destinada a generar precedentes que impulsen la evolución del marco jurídico. Además, busca vincular la justicia comunitaria de paz con la justicia ordinaria, como estrategia clave para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de VdG, especialmente en zonas rurales. Para ello: 

• Se desarrollan escuelas de formación de lideresas y defensoras para empoderar a mujeres adolescentes en su desarrollo personal y de liderazgo, e interceder con capacidad en acciones de incidencia y vocería de sus agendas y demandas colectivas. 

• Se acompaña a organizaciones de base de mujeres para fortalecer su sostenibilidad y capacidad de defensa de los derechos. Se aportan estrategias tanto individuales como colectivas, promoviendo espacios multidisciplinarios de intercambio y trabajo en conjunto entre mujeres y colectivos rurales de diversas culturas andinas. El objetivo es encontrar soluciones comunes y propuestas afines, permitiendo a las comunidades expresar sus preocupaciones y exigir el fin de la violencia en sus contextos. 

• Se fortalecerá el trabajo articulado entre entidades de concertación contra la VbG, garantizando la participación activa de lideresas y jueces/-as de paz, para exigir la aplicación de medidas preventivas y promoción de los Derechos. 

• Se trabaja con autoridades y funcionariado de entidades clave en los servicios de la ruta de atención de la violencia (Policía Nacional, salud, Centro Emergencia Mujer, Defensa Pública del Estado, Fiscalía, juzgado, Medicina Legal, salud mental, educación y municipalidades) para mejorar el desarrollo de sus funciones y competencias en el marco de la ley y de los Derechos Humanos, asegurando una atención de calidad y pertinente al entorno rural en que se encuentran. 

• Especial atención se da a jueces/as de paz fortaleciendo su actuar e implicación en las comunidades rurales donde desempeñan su labor respecto VdG. Se promueven espacios de diálogo y acuerdos institucionales para potenciar su labor. 

• Respecto a la atención a víctimas se mejoran los servicios incorporando o fortaleciendo los espacios de cuidado integral, que incluye salud mental y autonomía económica. Se promueven iniciativas de emprendimiento y capacitación en derechos humanos y marcos legales de protección, con el fin de fomentar su recuperación y autonomía. 

• Se implementan sistemas de vigilancia que aborden las barreras de acceso a la justicia y se realizan acompañamientos de casos, elaborando informes periódicos dirigidos a las instituciones responsables y articulando acciones con los Observatorios regionales contra la VdG. 

• Para transformar los patrones patriarcales de desigualdad y reducir la tolerancia hacia la VbG, se proponen acciones con titulares de obligaciones, de responsabilidades y de derechos, que incluye campañas públicas y de sensibilización con materiales comunicacionales en diverso formato y la formación de comunicadoras rurales para facilitar las alertas y denuncias desde sus territorios, en coordinación con redes afines. Además, se realizan talleres dirigidos a varones adolescentes para promover cambios culturales y de comportamientos que contribuyan a la prevención de la violencia de género. 

La población priorizada son mujeres quechuas, aymaras y uros de las municipalidades de: 

• Angaraes, Huancavelica, Tayacaja y Acobamba, en el departamento de Huancavelica. 

• Azángaro, Puno y Juliaca en la región de Puno.