Pueblos originarios. Derechos políticos
Mujeres organizadas de pueblos originarios de Puno fortalecidas en sus capacidades, desde una ciudadanía intercultural crítica, inciden por sus derechos políticos y vida libre de violencias machistas (Perú) - Fase II
- Organización socia local: Movimiento Manuela Ramos.
- Financiadores: Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
- Subvención concedida: 185.000 €
- Fondos propios aportados: 1.250 €
- Fechas: 01-09-2025 a 31-12-2026
- Las personas a las que acompañamos: 30 mujeres jóvenes, 40 hombres jóvenes, 110 varones adultos, 445 mujeres indígenas, 50 autoridades varones y 55 autoridades mujeres.
Este proyecto financiado por la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, de la Xunta de Galicia, tiene como objetivo general contribuir a garantizar los derechos políticos de las mujeres y a una vida libre de violencias con igualdad y no discriminación, en particular de pueblos originarios de Perú en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, Convenio OIT 169, Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU, Recomendación General 39 y 40 de CEDAW y de la Política Nacional de Igualdad de Género; y como objetivo específico, promover la participación política, libre de acoso y violencias, de mujeres en su diversidad de pueblos originarios, quechuas aymaras y uros, de las provincias de Puno y San Román en el marco de un diálogo político intercultural.
Esta intervención da continuidad al proyecto cofinanciado por la Xunta de Galicia en la convocatoria de 2023 titulado: “Mujeres organizadas de pueblos originarios de Puno fortalecidas en sus capacidades, desde una ciudadanía intercultural crítica, inciden por sus derechos políticos y vida libre de violencias machistas” (Fase I) ejecutado entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de marzo de 2025.
La Fase I fue protagonizada por 90 mujeres de pueblos originarios integradas en 37 organizaciones sociales de las provincias de Puno, San Román y Azángaro. Mujeres que enfrentan múltiples discriminaciones: por el hecho de ser mujeres, por ser en su inmensa mayoría de muy escasos recursos y pertenecientes a pueblos originarios andinos. Con el proyecto desarrollaron competencias, individuales y colectivas, para la participación democrática y para la incidencia política, en el marco de un diálogo político intercultural que visibilice y reconozca los imaginarios y cosmovisiones de los pueblos originarios a los que pertenecen. Entre los logros alcanzados se encuentran el “Documento político para un nuevo pacto social” y el “Documento de reconceptualización de conceptos políticos”, elaborados y consensuados por las mujeres participantes.
Este proyecto, por tanto, se plantea como una Fase II en la que, a demanda de las organizaciones de mujeres en un contexto de reducción del espacio cívico, se incorpora un nuevo componente con el que se pretende hacer frente a la creciente violencia que sufren las mujeres, autoridades y lideresas, que participan en la vida política (acoso político). Además, se refuerzan los tres procesos principales iniciados en la Fase I: ampliando la cobertura del programa formativo, avanzando en la implementación de la estrategia de incidencia política de las organizaciones de mujeres y dando continuidad a la campaña de comunicación y sensibilización en torno a los derechos de las mujeres indígenas. Todo ello manteniendo la apuesta por la construcción de un marco de diálogo político intercultural.
Establece tres componentes interelacionados que se construyen sobre la base de una estrategia de apoyo a los procesos de empoderamiento individual y colectivo de las mujeres involucradas y también de fortalecimiento de sus organizaciones de referencia.
El primer componente se dirige a fortalecer la capacidad de incidencia de las mujeres (60) y de sus organizaciones (20) (en calidad de titulares de derechos), en articulación con mujeres autoridades (como titulares de obligaciones). Se desarrolla un proceso formativo (Escuela política) dirigido a mujeres organizadas que no participaron en la Fase I y que han expresado su interés en formar parte del proyecto. Como parte de este colectivo se dará prioridad (al menos un 30%) a mujeres jóvenes, ya que una de las metas de esta Fase II es incrementar la participación de jóvenes (tanto de las organizaciones como entre las autoridades electas). En un segundo momento se apoya la elaboración e implementación de una estrategia de incidencia (a partir de las prioridades identificadas en la Fase I), en este proceso se involucrán tanto las mujeres capacitadas en la anterior fase como las de la actual propuesta. Por último, se trabajará (información y sensibilización) con organizaciones comunales (mixtas) para promover la participación de mujeres en las directivas comunales lo que incluye la elaboración de un diagnóstico sobre el cumplimento de la Ley 30982 que establece la presencia de mujeres en las directivas.
El segundo componente, tiene como objetivo enfrentar la creciente violencia que sufren mujeres autoridades (consejeras regionales, alcaldesas, regidoras municipales) y lideresas en el ejercicio de sus funciones. Se dirige al fortalecimiento de mujeres autoridades organizadas en la Red de Mujeres Autoridades de la Región de Puno (REMARPU) y lideresas de las organizaciones participantes, en calidad de titulares de derechos, para la adopción de medidas para la identificación, sanción y protección frente al acoso político. Se realiza un programa formativo para que las participantes (50 autoridades y lideresas, de las que se espera que, al menos, un 20% sean jóvenes) puedan identificar las distintas formas de acoso, prevenirlas y actuar ante ellas. Como resultado final del proceso se habrá elaborado un protocolo de protección y autocuidado de mujeres autoridades y protocolos de seguridad y autocuidado para mujeres y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres. Como parte de este componente se seguirá acompañando a la REMARPU en la gestión de alertas y derivación de casos de violencia contra las mujeres en la vida política, lo que incluye asistencia legal y/o psicológica.
El tercer componente se dirige a la sensibilización e información a la ciudadanía de Puno sobre los derechos políticos de las mujeres de pueblos originarios, la violencia contra las mujeres en la vida política y el contenido del nuevo pacto social como resultado del diálogo político intercultural. Para este fin se ha previsto la realización de campañas de información y sensibilización, programas radiales a cargo de mujeres y jóvenes que participan del activismo juvenil y diálogo político intercultural para un nuevo pacto social, foros multiactor de presentación de propuestas y generación de compromisos para garantizar los derechos de las mujeres en toda su diversidad.
Es importante señalar que el proyecto se desarrolla en un contexto de reducción del espacio cívico y de crecientes amenazas para las defensoras de derechos, mujeres autoridades y lideresas de pueblos originarios por lo que se fortalecerán también las articulaciones, redes y plataformas de la fase I como el Colectivo de ONG de Puno que acompaña la construcción, actualización e incidencia de la Agenda Regional de la Mujer, las Instancias de concertación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la campaña “Somos la mitad, queremos paridad sin acoso”, desde donde se impulsan mejoras normativas sobre los derechos políticos de las mujeres y se alerta sobre casos de acoso contra las mujeres, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para garantizar el derecho a defender derechos, acciones conjuntas con el Jurado Nacional de Elecciones y con la Universidad Nacional del Altiplano.
Por tanto, entre los resultados esperados:
RESULTADO 1: Mujeres organizadas de pueblos originarios, como titulares de derechos, fortalecidas en sus capacidades individuales y colectivas, en articulación con mujeres autoridades, inciden por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres en toda su diversidad desde un enfoque interseccional e intercultural.
RESULTADO 2: Mujeres autoridades y organizadas, en calidad de titulares de derechos, adoptan medidas, individuales y colectivas, para la identificación, sanción y protección frente a la violencia contra las mujeres en la vida política (acoso político).
RESULTADO 3: Ciudadanía de Puno informada y sensibilizada sobre los derechos políticos de las mujeres de pueblos originarios, la violencia contra las mujeres en la vida política y el contenido del nuevo pacto social como resultado del diálogo político intercultural.
La zona de intervención del proyecto son las provincias de Puno y San Román de la región y departamento de Puno, con mujeres quechuas, aymaras y uros que se ubican en la Bahía de Puno.