Perú. Informe. Barreras que enfrentan las mujeres rurales de Huancavelica y Puno para vivir libres de violencia
El informe: Barreras para acceder a servicios de prevención, atención y recuperación de violencia de género en entornos rurales de Huancavelica y Puno, elaborado en el marco del proyecto: KALLPAY WARMI. Fortaleciendo la lucha contra las violencias de género y la defensa de la democracia desde la acción de mujeres andinas, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y coordinado por el Movimiento Manuela Ramos de Perú, ha sido realizado en las comunidades de Huancavelica y Puno.
La investigación participativa, desarrollada en las provincias de Acobamba, Angaraes, Huancavelica y Tayacaja, así como en Puno y San Román (Juliaca), analiza las experiencias de mujeres rurales, lideresas, autoridades comunales y operadores de justicia para identificar las principales barreras existentes en la ruta de atención frente a la violencia de género.
El informe revela que las mujeres quechuas, aimaras y uros deben enfrentar largas distancias, discriminación, falta de atención en sus idiomas y la revictimización institucional para denunciar la violencia de género y el acceso efectivo a la protección y a la justicia.
Las mujeres de origen quechua, aimara y uro enfrentan los mayores niveles de vulnerabilidad debido a que viven en territorios dispersos, con limitada presencia del Estado y escasa oferta de servicios especializados. Esta situación hace que ejercer el derecho a una vida libre de violencia sea significativamente más difícil que en zonas urbanas.
El informe concluye que garantizar el acceso a la justicia para las mujeres rurales requiere mucho más que ampliar la cobertura de servicios. Es necesario fortalecer la presencia estatal en los territorios, asegurar atención intercultural y bilingüe, combatir la corrupción, mejorar los mecanismos de protección y transformar las normas sociales que perpetúan el machismo y la violencia.
Entre las principales barreras:
Barreras estructurales:
Pobreza y dependencia económica de las mujeres respecto de sus agresores.
Racismo y discriminación hacia las mujeres quechuas, aymaras y uros.
Desigualdades territoriales que dificultan el acceso a servicios públicos.
Patriarcado y estereotipos de género que normalizan la violencia.
Barreras geográficas y territoriales:
Las mujeres deben recorrer largas distancias para acceder a comisarías, fiscalías, Centros Emergencia Mujer (CEM) y otros servicios. En muchas comunidades:
Existe escaso transporte público.
Los costes del traslado son elevados.
La conectividad digital es insuficiente.
La presencia territorial es limitada o inexistente.
Estas condiciones provocan abandono de denuncias y dificultades para dar seguimiento a los casos.
Barreras institucionales:
Se identifican problemas recurrentes a la ruta de atención:
Negativa de algunas instituciones a recibir denuncias.
Exigencia indebida de pruebas para registrar casos.
Cobros informales.
Falta de infraestructura adecuada y refugios suficientes.
Escasa empatía y revictimización durante la atención.
Débil coordinación entre instituciones.
Barreras lingüísticas e interculturales:
Muchas de las mujeres tienen como lengua materna el quechua o el aimara y encuentran dificultades porque:
No hay intérpretes suficientes.
Los servicios funcionan principalmente en castellano.
Existen prácticas discriminatorias hacia quienes no hablan castellano con fluidez.
Todo ello genera desconfianza y limita el acceso a la justicia.
Barreras socioculturales:
Machismo y roles tradicionales de género.
Presión familiar y comunitaria para no denunciar.
Miedo al estigma social y a las represalias.
Normalización de la violencia dentro de las familias y comunidades.
La investigación también identifica experiencias positivas que contribuyen a romper las barreras como son las organizaciones de mujeres, las lideresas comunitarias, las Instancias de Concertación, los jueces de paz y las rondas campesinas que desempeñan un papel clave en el acompañamiento de casos y en la generación de redes de protección. Asimismo, la articulación entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales ha permitido mejorar algunos servicios y acercar la atención a territorios tradicionalmente excluidos.